El derecho al olvido llega al Tribunal Supremo

El pasado 15 de octubre el Tribunal Supremo se pronunció por primera vez sobre el derecho al olvido en Internet después de la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso Google. Se trata de una sentencia especialmente relevante por ser pionera en esta materia.

El caso llegó al Juzgado de primera instancia número 21 de Barcelona en septiembre de 2011 de la mano de dos ex traficantes de drogas que se vieron involucrados en un conocido caso sobre tráfico de drogas en los años ochenta y que fueron condenados a penas de prisión por este motivo. La parte demandada es el diario El país.

Los demandantes interponen una demanda contra el diario español porque en su hemeroteca se recoge la noticia y, por lo tanto, todo el mundo puede tener conocimiento de aquellos hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años introduciendo los nombres de las personas condenadas, sus iniciales o el nombre del caso. La parte demandante defendió que la fácil localización de la noticia supone un ataque contra su honor, ya que los hechos ocurrieron hace mucho tiempo, fueron condenados por este motivo, superaron su adicción a las drogas y, actualmente, la continua divulgación de aquellos hechos les puede ocasionar graves perjuicios personales y profesionales.

El juez de primera instancia condenó a El país a pagar una indemnización de 7.000.- euros a los demandantes y a adoptar las medidas tecnológicas necesarias para que no se pudiera localizar la noticia introduciendo los nombres de los demandados en Google ni tampoco en los motores de búsqueda de la hemeroteca del diario.

El diario recurrió la sentencia frente la Audiencia Provincial de Barcelona, pero el fallo también fue favorable a favor de la parte apelada.

Contra la sentencia de segunda instancia el diario plantea un recurso de casación al Tribunal Supremo.

 

Se trata de un caso muy interesante por ser la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre el derecho al olvido y por entrar dos derechos fundamentales en colisión. Por una parte, el derecho a la información que defiende el diario, pues en la hemeroteca del diario sólo se recogen aquellos hechos que ocurrieron hace mucho tiempo, pero que son veraces. Por otra parte, los demandantes defienden su derecho fundamental a la intimidad y al honor. Según el Tribunal: “Los elementos para realizar esta ponderación son el potencial ofensivo que para los derechos de la personalidad tenga la información publicada y el interés público que pueda suponer que esa información aparezca vinculada a los datos personales del afectado.”

Paso a analizar los puntos clave de la sentencia:

Según el Tribunal, se tiene que tener en cuenta si las personas afectadas tienen relevancia pública o no:

 “Este interés puede justificar que, cuando se trata de personas de relevancia pública, una información sobre hechos que afectan a su privacidad o a su reputación, aun sucedidos mucho tiempo atrás, esté vinculada a sus datos personales en un tratamiento automatizado como el que suponen las consultas a través de motores de búsqueda en Internet que indexan los datos personales existentes en las hemerotecas digitales. […] También puede considerarse justificado este tratamiento de datos personales cuando los hechos concernidos y su vinculación con esas concretas personas presenten un interés histórico.”

“En este caso, las personas demandantes carecen de cualquier relevancia pública, y los hechos objeto de la información carecen de interés histórico en tanto que vinculados a esas personas.

Ciertamente, los sucesos delictivos son noticiables por su propia naturaleza, con independencia de la condición de sujeto privado de la persona o personas afectadas por la noticia […]. En general, reviste interés público la información tanto sobre los resultados de las investigaciones policiales, el desarrollo del proceso y el contenido de la sentencia, como sobre todos aquellos datos, aun no directamente vinculados con el ejercicio del “ius puniendi” [facultad sancionadora] del Estado, «que permiten una mejor comprensión de su perfil humano o, más sencillamente, de su contexto vital» de la persona que participa en el hecho delictivo”

El “factor tiempo es clave”:

 “Pero una vez publicada la noticia en los medios de prensa por el interés que supone su carácter actual, el tratamiento automatizado de los datos personales de los implicados en ella, vinculado a la información de manera que una consulta a través de los motores de búsqueda de Internet en la que se utilice como palabras clave esos datos personales (particularmente el nombre y apellidos) arroje como resultados destacados los vínculos a las páginas de la hemeroteca digital en las que aparezca tal información, va perdiendo su justificación a medida que transcurre el tiempo si las personas concernidas carecen de relevancia pública y los hechos, vinculados a esas personas, carecen de interés histórico.”

“La publicidad general y permanente de su implicación en aquellos hechos […] supuso un daño desproporcionado para el honor de las personas demandantes, al vincular sus datos personales con unos hechos que afectaban seriamente a su reputación, y para su intimidad, al hacer pública su drogodependencia en aquellas fechas, con tan solo introducir su nombre y apellidos en los motores de búsqueda de Internet utilizados con más frecuencia.

Ciertamente eran hechos veraces. Pero la licitud del tratamiento de los datos personales no exige solamente su veracidad y exactitud, sino también su adecuación, pertinencia y carácter no excesivo en relación con el ámbito y las finalidades para las que se haya realizado el tratamiento […]. Y esos requisitos no concurren en un tratamiento de estos datos personales en que una consulta en un motor de búsqueda de Internet que utilice sus nombres y apellidos permita el acceso indiscriminado a la información más de veinte años después de sucedidos los hechos, y cause un daño desproporcionado a los afectados.”

“No puede exigirse al editor de la página web que por su propia iniciativa depure estos datos, porque ello supondría un sacrificio desproporcionado para la libertad de información, a la vista de las múltiples variables que debería tomar en consideración y de la ingente cantidad de información objeto de procesamiento y tratamiento en las hemerotecas digitales. Pero sí puede exigírsele que dé una respuesta adecuada a los afectados que ejerciten sus derechos de cancelación y oposición al tratamiento de datos, y que cancele el tratamiento de sus datos personales cuando haya transcurrido un periodo de tiempo que haga inadecuado el tratamiento, por carecer las personas afectadas de relevancia pública, y no tener interés histórico la vinculación de la información con sus datos personales.”

El derecho al olvido no justifica que uno pueda explicar su pasado a su gusto:

 “Tampoco justifica que aquellos que se exponen a sí mismos públicamente puedan exigir que se construya un currículo a su gusto, controlando el discurso sobre sí mismos, eliminando de Internet las informaciones negativas, “posicionando” a su antojo los resultados de las búsquedas en Internet, de modo que los más favorables ocupen las primeras posiciones. De admitirse esta tesis, se perturbarían gravemente los mecanismos de información necesarios para que los ciudadanos adopten sus decisiones en la vida democrática de un país.”

Pero en este caso el Tribunal Supremo considera que está justificado que a través de los motores de búsqueda de Google no se vincule la noticia con los nombres de los implicados por su escasa relevancia pública.

“Pero dicho derecho sí ampara que el afectado, cuando no tenga la consideración de personaje público, pueda oponerse al tratamiento de sus datos personales que permita que una simple consulta en un buscador generalista de Internet, utilizando como palabras clave sus datos personales tales como el nombre y apellidos, haga permanentemente presentes y de conocimiento general informaciones gravemente dañosas para su honor o su intimidad sobre hechos ocurridos mucho tiempo atrás, de modo que se distorsione gravemente la percepción que los demás ciudadanos tengan de su persona, provocando un efecto estigmatizador e impidiendo su plena inserción en la sociedad, inserción que se vería obstaculizada por el rechazo que determinadas informaciones pueden causar en sus conciudadanos.”

En este punto, el Tribunal considera que la búsqueda a través de google de los nombres de los implicados conectado con la noticia vulnera el derecho a la intimidad y el honor de los demandantes.

Ahora bien, la sentencia estima que se vulneró el derecho al intimidad y al honor por el hecho de vincular la noticia con los implicados a través de Google, pero el mismo Tribunal consideró que la vulneración no se produjo a través de la búsqueda dentro de los misma hemeroteca. De limitar la búsqueda a través de los motores de la hemeroteca se sacrificaría demasiado el derecho fundamental a la información.

 “Estos motores de búsqueda internos de las hemerotecas digitales solo sirven para localizar la información contenida en el propio sitio web una vez que el usuario ha accedido a dicho sitio web. No son por tanto asimilables a los motores de búsqueda de Internet tales como Google, Yahoo, Bing, etc.

La Sala considera que una medida como la acordada en la sentencia supone un sacrificio desproporcionado de la libertad de información protegida en el art. 20.1.d de la Constitución”.

En conclusión, los principales puntos a destacar de la sentencia son los siguientes:

  • Debe tenerse en cuenta la relevancia pública del afectado.
  • El factor tiempo es clave para determinar si se ha vulnerado el derecho al honor y a la intimidad.
  • Uno no puede explicar el pasado a su gusto.
  • Hay que tener en cuenta si las medidas adoptadas suponen un sacrificio desproporcionado del derecho fundamental a la información.

 

Fuentes consultadas:

Sentencia 545/2015 del Tribunal Supremo de la sala primera de la civil de 15 de octubre [LA LEY 139641/2015].